La distribución de la renta generada por los mercados libres no pretende ser éticamente equitativa. Dependiendo de quién comienza qué actividad y con qué recursos, los mercados privados pueden generar muchas diferentes distribuciones finales —diferentes para quién— de los recursos y del bienestar. El gobierno podría intervenir para modificar la distribución de la renta, cobrando impuestos a unos y dándoselo a otros.

En la realidad, los gobiernos modernos se involucran en procesos de redistribución de la renta a gran escala. La participación porcentual de las transferencias en el gasto del gobierno ha aumentado en todo el mundo desde 1960. El gasto del gobierno en transferencias, representa la redistribución de la renta que realiza el gobierno —hacia los mayores (a través de la seguridad social), los desempleados (a través de las subvenciones por desempleo), los agricultores (a través de los precios) y muchos otros beneficiarios—. El rápido aumento del gasto en transferencias ha sido una fuente de controversia; algunos críticos argumentan que muchos de los programas del gobierno para mejorar el bienestar han perjudicado a las personas que se pretendía ayudar.

Hay una diferencia entre la intervención del gobierno para modificar la distribución de la renta y la intervención para garantizar el nivel óptimo de bienes públicos o hacer que los precios de mercado reflejen las externalidades. En estos últimos el gobierno está actuando de forma que, en principio, puede hacer que todas las personas se encuentren mejor.

Pero cuando el gobierno interviene para modificar la distribución de la renta, mejora la situación de unas personas pero empeora la de otras.

Los gobiernos se preocupan no sólo de la distribución de la renta, sino también del consumo de ciertos bienes y servicios.

Los bienes preferentes son bienes que la sociedad considera que la gente debe recibir o consumir sin importar su nivel de renta. Los bienes preferentes incluyen, entre otros, salud, educación, vivienda y alimentos.

La sociedad puede pensar que todas las personas deben tener una vivienda adecuada. ¿Existe una justificación económica para la intervención del gobierno con respecto a los bienes preferentes? En cierto sentido siempre la hay, dado que el hecho de que haya gente viviendo en la calle genera una externalidad, pues hace sentir mal a aquellos que pueden acceder a una vivienda confortable. Al hacer accesible la vivienda para aquellos que de otra forma estarían en las calles, el gobierno hace sentir mejor al resto de los ciudadanos.

Las preocupaciones de la sociedad acerca de los bienes preferentes están estrechamente relacionadas con sus preocupaciones sobre la distribución de la renta. La diferencia en el caso de los bienes preferentes radica en que la sociedad quiere asegurarse del consumo de determinados bienes y servicios, en lugar de bienes y servicios de tipo general. Algunos de los bienes que proporciona el gobierno (como la salud y la educación) son bienes preferentes.

En el caso de los bienes preferentes, como en el de los bienes públicos, la preocupación del gobierno no justifica que los tenga que producir él mismo. La teoría económica justifica las políticas que garantizan que los individuos consuman cantidades específicas de bienes preferentes, pero no justifica que tenga que ser el gobierno el que deba producirlos.

El aspecto más delicado cuando se habla de bienes preferentes y de la distribución de la renta es la forma en la que la sociedad o el gobierno decide lo que debe recibir cada persona.

Cualquier individuo puede tener un punto de vista perfectamente sensible sobre estas cuestiones; por ejemplo, que la sociedad estará mejor cuanto más equitativa fuera la distribución de la renta, que la distribución actual es la adecuada, que las personas que trabajan más deben ser mejor recompensadas, que las personas que necesitan más deberían obtener más, o que todos deberían tener una vivienda digna y nadie debería pasar hambre. Traducir todas estas opiniones a una visión coherente adoptada por el gobierno e implementada por medio de los impuestos y transferencias es la difícil tarea de la política.